La Generalitat debe 100.000 euros a un particular que pagó las urnas del 1-O de su bolsillo

Se llama Lluís, un hombre de mediana edad, de un municipio de las comarcas de Barcelona, que durante el pasado verano se convirtió en el cerebro del operativo que facilitó la instalación de las urnas para el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Este hombre, independentista de toda la vida que ha trabajado durante gran parte de ella para conseguir la independencia de Cataluña, no solo diseñó el operativo para despistar al CNI y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poner las urnas en los colegios electorales, si no que además pagó de su bolsillo los aproximadamente 100.000 euros que costó la comanda encargada a una empresa con sede en China a través de internet.

Asegura que aún no ha cobrado dicha cantidad, pero que tampoco le preocupa demasiado. Eso sí, lo pagó por qué tenía el dinero, pero dice que no es un mecenas. Este colaborador de partidos y entidades secesionistas, siempre en un lugar discreto pero con mucha acción, espera que alguien -hizo el encargo para el Govern cesado de Carles Puigdemont- le reembolse la cantidad que pagó para poder poner urnas en el referéndum ilegal.

La versión del Lluís, que asegura que hizo él la comanda y la pagó de su bolsillo para evitar poner a la Generalitat en un compromiso, la corroboró ante la juez de la Audiencia Nacional, durante su declaración, el ex consejero de Empresa y Ocupación Santi Vila. Durante su comparecencia, Vila reveló que la Generalitat «no había gastado ni un solo euro de dinero público para el 1-O, por qué todo se había pagado con donativos de la sociedad civil» como ahora queda probado.

Desde la aplicación del artículo 155, el ministerio de Hacienda controla todos los gastos de la Generalitat, y hasta el momento no se ha detectado ningún pago a personas que en su día adelantaran dinero o pagaran facturas para la celebración del 1-O, como el caso del Lluís. Así lo reconoce en un informe que remitió la interventora de la Generalitat a la juez Carmen Lamela, donde le explicaba que los únicos gastos imputables al 1-O eran unos 20.000 euros del sistema informático.

El comprador de las urnas, además de desembolsar los 100.000 euros que costaron los recipientes de plástico con el logo de la Generalitat que se usaron para votar, también fue el encargado de recibirlas, amagarlas y distribuirlas. Algunas, se estuvieron durante días colgadas en árboles, otras dentro de iglesias. Ahora, aunque todavía son parte de su patrimonio, algunas sirven como nevera para refrescar cervezas en las juergas de los independentistas.